¡¡ EL PURGATORIO EXISTE !!

Actualmente, la participación del sector privado en las administraciones públicas de Navarra, así como del conjunto de España y Europa, está presente en toda la cadena de servicio, desde su planificación y valoración hasta su ejecución y mantenimiento. Los diferentes agentes públicos (locales, autonómicos, estatales y europeos) han tenido que formalizar políticas que permitan compartir esfuerzos entre el sector público y el sector privado de la economía.

Las administraciones públicas están cada vez más receptivas a incorporar empresas del ámbito económico privado para gestionar servicios públicos. Las políticas impulsadas desde la Unión Europea, en la línea de buscar el déficit cero, de promover la liberalización de los sectores y la no competencia de las empresas públicas en el terreno privado, unido al esfuerzo de la propia administración para conseguir una mejor eficiencia en el desarrollo de sus tareas, ha favorecido los procesos de externalización.

Pero evidentemente, de cara a atraer a la inversión privada en el sector público, hay otros factores atractivos a la mente capitalista: el peso del sector público en las economías europeas de nuestro entorno equivale prácticamente a la mitad del PIB, lo que da una idea del importante negocio que supone traspasar al sector privado los enormes beneficios que se puedan generar en este sector,  históricamente en manos del Estado.

¿Cuál es la posición de la Administración Pública en este contexto?. Primero hay que tener en cuenta que las finalidades del Estado moderno, así como la amplitud y la extensión de las actuaciones de la Administración Pública han variado a lo largo del tiempo y en una tendencia casi siempre creciente. Desde el Estado limitado a las funciones policiales (de limitación de la actuación de los particulares) y a las funciones de fomento (de impulso de las actividades privadas) junto a sus funciones esenciales (Hacienda, Defensa, Justicia) se ha pasado por diferentes etapas hasta el denominado Estado de Bienestar (cuyo origen se sitúa a partir de 1945) en el que se acumulan todas las funciones tradicionales más la prestación de servicios directos y las prestaciones de carácter económico con la finalidad de influir en la economía global del país.

os últimos veinte años han constituido una revisión del Estado de Bienestar, un replanteamiento de su “rol” tradicional, haciéndolo derivar hacia otro en el que se reserva un papel orientador y programador, se desprende de actividades y participaciones accionariales y se apoya en la iniciativa privada para las funciones de ejecución, es decir, se trataría de “llevar el timón, no de remar”.

El debate que se crea en torno a estas dos preguntas está influenciado (y a menudo desvirtuado) debido a la mezcla poco clara entre los aspectos técnicos (modelos organizativos más adecuados para adaptarse al entorno) y las opciones ideológicas de diversa tendencia. El abuso argumentativo basado en algunos de ciertos “dogmas” lleva a dos posiciones extremas: una, cuya finalidad parece ser el desmantelamiento de lo público, privatizando intensivamente sin que se vean los beneficios para los ciudadanos y otra, a la defensiva, que se opone sistemáticamente a cualquier cambio o reducción de lo público. Han de evitarse estas posiciones, y que hay que encontrar un punto de equilibrio, no necesariamente equidistante entre ambas, que permita salvaguardar el concepto de interés general propio de lo público. En suma, la externalización no se contempla necesariamente como la antesala de la privatización de los servicios sino como un instrumento más de la gestión pública que también puede aportar cambios culturales interesantes.

La transferencia de la actividad o de la prestación del servicio al contratista externo no exime a la Administración Pública de la responsabilidad ante los usuarios del servicio Ahora bien, el carácter novedoso de la externalización en la Administración Pública conlleva unos riesgos no siempre tenidos en cuenta. Dos son los más destacables.

El primero de ellos, se centra en que la presión creciente sobre los recursos públicos (principalmente, el déficit presupuestario) lleva a externalizar aplicando generalmente los principios de la externalización competitiva, independientemente del tipo de servicios que se externalicen. Esto sólo puede concluir en un fracaso de la prestación del servicio. Un ejemplo de este error es la externalización de servicios de asistencia social para ancianos con criterios mayoritariamente competitivos: no hace falta detallar qué consecuencias tendría para los ancianos depender de un prestador de servicios ocupado principalmente en obtener beneficios reduciendo costes.

El segundo riesgo, de un alcance mayor pero cuyos efectos no se perciben a corto plazo, tienen que ver con la dimensión de la Administración Pública y con su capacidad para influir en su entorno. En efecto, según sea la política de externalización adoptada por la Administración Pública, puede generar un entorno estable, con relaciones contractuales a medio y largo plazo con sus proveedores (lo cual redundará positivamente en la calidad de los empleos y, por extensión, beneficiará a todos los ciudadanos) o, por el contrario, puede crear un entorno inestable, basado en relaciones contractuales a corto plazo, extremadamente competitivas y que no pueden sino repercutir negativamente en los empleados y en los ciudadanos en general: abuso de contratos temporales, de trabajo a tiempo parcial o de trabajadores de ETT.

Desgraciadamente, la realidad existente al respecto no es optimista y los factores que impulsan a la externalización de servicios públicos son a menudo de índole económica, de búsqueda de una reducción de costes a corto plazo, como respuesta a un entorno crecientemente inestable. Esto induce procesos de externalización de tipo competitivo que, a su vez, generan más inestabilidad del entorno, con lo que se cierra un bucle marcadamente negativo, del que los beneficiarios son una minoría.

Un enfoque adecuado debiera incluir entre sus criterios de análisis los efectos que puede tener la Administración Pública sobre su entorno y prima unas relaciones estables y de calidad, por encima de las meramente económicas. Considera que la Administración Pública no puede externalizar de cualquier manera, ha de ser más respetuosa si cabe con las normas que ella misma establece para el resto de la sociedad y ha de tener en cuenta que está prestando sus servicios a algo más que a un cliente: a un ciudadano.

En definitiva, se trata de apostar por los nuevos métodos de gestión pública pero salvaguardando, por un lado que cesión de la gestión no supone en ningún caso ni cesión ni dejación del control de la decisión por parte del poder público y, por otro, garantizar que la externalización supone un instrumento para la mejora continuada del servicio público y, evidentemente por extensión, de la calidad de vida de la ciudadanía.

Estamos ante unos de los elementos claramente diferenciadores entre un política socialdemócrata y el liberalismo, más o menos intenso, pero que en todo caso pone en serio riesgo la viabilidad del Estado social y de bienestar tal y como hoy lo concebimos.